LA REFORMA LABORAL

LA REFORMA LABORAL.


La encuesta de población activa del primer trimestre de 2010. Datos.

El mercado de trabajo en España. Tipos de contratos.

Indemnizaciones por despido.

La reforma laboral de 1997 del primer Gobierno Aznar.

La reforma propuesta por el Gobierno zapatero. El modelo austríaco.





El Ministerio de Trabajo ha desvelado el 30 de abril el dato de personas en situación de paro según la encuesta de población activa correspondiente al primer trimestre de 2010. El dato es escalofriante: a 31 de marzo, había en España 4.612.700 parados, equivalentes al 20,05% de la población activa. Es el peor dato de paro desde 1997. De esta manera, podemos observar que todo el empleo creado en la época brillante del presidente Aznar, mas el del primer cuatrienio socialista, se ha esfumado desde que empezó la crisis, ésa que no existía según nuestro ínclito presidente.

En Cataluña el dato es similar. Los parados ascienden a 676,200 que suponen el 17,91% de la población activa. En este primer trimestre del 2010, el paro ha registrado 33,100 personas más en Cataluña.

Por sectores, en cuanto al conjunto de España, observamos que de los menores de 25 años, el 40,9% está desempleado. Y de los mayores de 45, mas de un millón de personas, por primera vez en nuestra historia, concretamente, 1,038,500 , está sin empleo.

La situación en la provincia de Lleida no es mejor. El dato de la EPA de este trimestre sitúa el desempleo en 33,100, que equivalen al 14,61% de la población activa, con un incremento de 2600 personas en este trimestre.

Detrás de cada persona en paro, hay una historia de fracaso, de frustración, de familias en apuros, que no pueden llegar a fin de mes. El drama del paro es difícil de sobreestimar en cuanto a su profundidad y repercusión. No se trata de cifras. Se trata de seres humanos agredidos en su derecho al trabajo, en su derecho a vivir una vida digna en sociedad.

Y este drama humano inmenso tiene un responsable. El Sr. Zapatero. No hay otro. Él, con su política de negación de la crisis, y de la necesidad de acometer las profundas reformas estructurales que la economía necesita con urgencia en España, es el causante directo de este estado dramático de cosas.

No es el demagogo que anuncia que está al lado de los necesitados quien hace más para luchar contra el paro. No es quien se sitúa de boquilla a su lado, pero se niega a administrar la medicina necesaria porque sabe que va a amargar al paciente.

El político valiente que hace el diagnóstico correcto del mal, que diseña las medidas necesarias, y que aplica la medicina conveniente, aunque escueza, ese es el mejor amigo de los necesitados, de los parados, de los humildes. Quien frente al cáncer da un caramelo, o una aspirina, no lo es, por mucho que pregone lo contrario.

España padece una enfermedad muy grave, en forma de paro. Éste es solo la manifestación externa de un funcionamiento deplorable de la economía en general, y del mercado de trabajo en particular. Éste se caracteriza por una dualidad de formas de contratación. Los contratados con plenitud de derechos, es decir, los que disfrutan de un contrato de trabajo indefinido, y los contratados temporales en sus diversas modalidades, de fomento del empleo, de obra o servicio determinado, de interinidad, etc. que solo tienen unos derechos laborales de segundo orden.

Mientras los primeros presentan una permanencia en su puesto de trabajo envidiable, se puede decir que blindada, gracias a la indemnización de 45 días de salario por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades, los demás son despedidos sin indemnización o con unas indemnizaciones mínimas. Son estas personas contratadas por días, meses o semanas, las que engrosan las listas del paro, en una inmensa mayoría, sin excluir del todo al primer colectivo. La razón es obvia: Despedirlos no cuesta nada. En el peor de los casos, con esperar a la pronta extinción del contrato por finalización del plazo, hay suficiente para poner en la calle al trabajador. Y solamente en caso de contratos por obra o servicio determinado, amén del eventual por circunstancias de la producción, dan lugar a una mini indemnización de 8 días por año trabajado. El resto de contratos de duración determinada, como son los de interinidad, formativos o en prácticas, no dan lugar a indemnización.

Esta dualidad de formas de contratación, que viene motivada en gran parte por la férrea defensa que hacen los sindicatos de la indemnización de 45 días por despido improcedente vigente en caso de contratos indefinidos, y por la imposibilidad de las empresas de contratar haciendo frente a una posible indemnización de esa cuantía, provoca que, cuando la economía necesita prescindir de mano de obra porque disminuye la actividad y los pedidos no se venden, los empresarios reducen plantilla como vía para reducir costes, con carácter inmediato. Y claro está: la parte más débil, y la que sufre en primer término la reducción de puestos es la formada por contratos temporales, dado su menor coste y su mayor flexibilidad. Ésta y no otra es la causa del vertiginoso aumento del paro en nuestro país. Y solo unos agentes sociales conscientes de este problema, y un gobierno que sepa diagnosticar adecuadamente la situación, sin dejarse llevar por complejos ideológicos y anteojeras políticas o demagógicas, serán capaces de sacar al país del atolladero social en que se halla.

Ni las demagogias, ni las falsas medicinas. Altura de miras, y saber aceptar los sacrificios que sean necesarios. En otro caso, el drama del paro seguirá presente en la sociedad española como un eterno invitado, pesado y deprimente.

Esta situación ya viene de antaño. No es nueva, y no la ha producido la democracia. Reamente proviene de la ley de relaciones laborales de 1944, que, con algunos retoques, se convirtió en el vigente estatuto de los trabajadores de 1980. Ahora bien, lo que en época de Franco, con un paro muy controlado, y una situación política caracterizada por la falta de libertades, que se compensaba con una sobreprotección laboral, era asumible, o tolerable, ya no lo es en democracia, y menos aún, en un mundo globalizado como el actual, que observa como los puestos de trabajo, y la actividad económica que no se crean o desarrollan en España, se producen en economías más abiertas, más baratas, o más tolerantes. Y si queremos competir, debemos asumir que en este mundo de competencia feroz, no sirve otra cosa que tener una legislación más abierta y flexible. Aunque cueste asumirlo. Pero es la verdad. Sí, es una mengua de derechos. Pero lo es para tener más trabajo, y más riqueza a largo plazo.

En 1997, el primer gobierno del señor Aznar ya era consciente de este problema, y propuso una solución que en su momento fue muy aplaudida, y que tuvo un notable éxito: Se creó el contrato indefinido de fomento del empleo, con una indemnización por despido de 33 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, en lugar de la general hasta entonces, de 45 días por año, con un máximo de 42.

Este tipo de contrato se utilizó masivamente en los primeros años de su entrada en vigor, básicamente, aunque no solo, porque fue la vía para convertir en indefinidos miles y miles de contratos temporales, gracias a que en ese momento y forma contractual se concentraron todas las bonificaciones a la creación de puestos de trabajo, antes dispersas en mil y una formas poco eficientes. Y fue la base para crear casi 5.000.000, de puestos de trabajo desde 1997 hasta 2004. España era el país de Europa que más empleo creaba, y además, indefinido.

Su uso era fomentado porque concentraba las bonificaciones a la contratación, como decimos. No obstante, al estar restringido, mejor aún, prohibido su uso entre varones de 31 a 44 años, acabó por decaer, y hoy prácticamente no resulta de aplicación.

Aun así, esta nueva forma contractual, que entonces supuso toda una innovación en el letárgico mundo laboral español, es un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas, si se quiere abrir una nueva vía para solucionar esta lacra del desempleo, que consume vidas y recursos, amén de lastrar las energías del país, y de traer miseria y depresión.

En el seno del diálogo social debe prosperar una serie de innovadoras medidas que doten de perspectivas nuevas al mercado de trabajo, que permitan afrontar la contratación de trabajadores por las empresas sin el miedo correlativo a arruinarse en caso de que la merma de la actividad económica haga afrontar reducciones de plantilla a la empresa.

EL MODELO AUSTRIACO. EJES DE LA REFORMA PREVISTA

En Austria, en el año 2002, mediante acuerdo social, se implantó un modelo de indemnización muy innovador. Consistía en suprimir la indemnización por despido, por una contribución de la empresa del 1,53% del salario, a un fondo del trabajador, que se va acumulando durante toda su vida laboral, y que se lleva de una empresa a otra en caso de cambiar de empleo, y que percibe de una vez en caso de jubilación. Es decir, se sustituye la indemnización por la capitalización de un ahorro mensual del 1,53% que se deposita en una cuenta del trabajador, que corre a cargo de la empresa y que solo se cobra en caso de despido, o en caso de jubilación, si no ha habido despido, pero que no se pierde.

El éxito de este modelo austríaco en ese país es evidente. Baste con señalar que el paro allí es de solo el 5%. Es decir, el llamado paro estructural. Lo cual es tanto como decir que Austria disfruta de situación de pleno empleo.

El Gobierno propone en España un modelo híbrido, que parte del contrato de fomento del empleo, que tiene una indemnización de 33 días. De éstos, propone el Gobierno que 25 serían a cargo de la empresa y 8 a cargo del Estado, que haría frente a los mismos a través del FOGASA, es decir, lo pagarían las empresas, únicos entes cotizantes a tal organismo en la actualidad.

Evidentemente, ésta no es la solución que adoptó Austria de forma consensuada y que tan buenos frutos le ha dado. Este modelo que se propone en el documento de trabajo enviado por el Gobierno a los agentes sociales para su discusión y eventual pacto, supone un incremento de los costes empresariales, por cuanto al coste de la indemnización por despido ya vigente de 33 días, hay que añadir los 8 que paga el FOGASA, porque salen de cotizaciones empresariales en todo caso, aunque de momento se recurra al colchón financiero del que disfruta el Fondo en la actualidad, que se sitúa en 3.000 millones de euros. Cuando se agote este colchón, serán las empresas las que tendrán que afrontar este coste, y ello no irá en un aumento de la contratación sino en su desincentivación.

El año pasado, en el mes de junio, se estaba intentando la firma del acuerdo laboral, y en el seno de esas conversaciones entre sindicatos y empresarios, el Gobierno llegó a proponer la rebaja de 2 puntos en las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de las empresas. Esa rebaja, que fomentaría directamente la contratación, por la vía de una reducción de costes de la plantilla, unida a una adopción de un modelo como el austríaco, si que producirían un aumento de la contratación y una reducción del paro. Y se fomentaría el consumo y el gasto de los hogares, lo cual llevaría consigo un aumento de la actividad que iría en beneficio de empresas, trabajadores, y Estado, por vía de un aumento en la recaudación fiscal, dependiente del IVA que grava el consumo.

Al lado de todo lo anterior, el documento del gobierno recoge la necesidad de concentrar las bonificaciones en la mejora de la contratabilidad de los colectivos más desprotegidos en la actualidad, como son los menores de 30 años y los mayores de 45. Así mismo, contiene la idea de potenciar las ETT, y la posibilidad de regulación permisiva de las agencias de colocación con ánimo de lucro. Y recoge finalmente el llamado modelo alemán de reducción de jornada y compatibilización con una prestación a cargo de la seguridad social, por las horas de reducción. Es decir, permite la prolongación del contrato de trabajo, a cambio de reducir el número de horas de su vigencia diaria o semanal, y ello compatible con la percepción de la correspondiente indemnización en caso de reducción de jornada.

Este documento de trabajo, de 12 de abril de este año, contiene un diagnóstico aceptable de la realidad del sector laboral de España. Sin pretender coincidir al 100 x 100 con el mismo, si es posible aceptar una buena parte de su contenido, así como de las medidas que propone, ninguna de las cuales es desacertada.

Si acaso, se puede achacar al mismo su cicatería al proponer la implantación del modelo austríaco, y una falta de voluntad política en implantarlo, con la debida rapidez y contundencia. Si estamos de acuerdo en que el mercado de trabajo solo se va a dinamizar si rebajamos el coste del despido, y aligeramos los costes generales de la contratación, y si estamos convencidos de que el principal problema de la economía española es el que deja traslucir el aumento del paro, que muestra ya una dimensión escandalosa, solo afrontando el problema con una disposición firme a adoptar las medidas traumáticas que sean necesarias se podrá poner punto final al paro endémico en España. Y si hay que aceptar recortes en los derechos tradicionales en el mercado laboral, pues se aceptan. En caso contrario, nos encaminamos hacia una situación filo-griega, en que por no aceptar recortes menores y consensuados, tendremos que asumir recortes graves e impuestos desde la Comisión Europea. No hay opción. Y lamentablemente, la política del Sr. Zapatero parece encaminar al país hacia la peor de las situaciones posibles, cercana a la quiebra del Estado, que hará necesaria en breve la intervención de Europa en nuestra economía. De ello es indicador la rebaja del Rating de la deuda de España, el aumento del déficit público en un 15% hasta el mes de marzo (9.800 millones de euros) y el descontrol general de la marcha de la economía. La incapacidad del gobierno para trazar un plan de reducción del gasto público, de reducción del déficit y de saneamiento de las cuentas públicas, así como el recurso sistemático a la presentación a bombo y platillo de planes ridículos de reducción de gastos, como el producido la pasada semana de 30 altos cargos para una mejora de 16.000.000 de euros en tres años, no hacen sino confirmar la certeza extendida entre los agentes económicos europeos de que este Presidente carece de la fuerza, determinación y voluntad de sacar a España de la crisis.

Por ello la situación solo puede empeorar.

La celebración ayer del día del trabajo, marcada por la mínima asistencia a las manifestaciones, junto con la retórica sindical de negativa tajante a asumir recortes en la legislación laboral, unido al mimo constante del presidente a las centrales mayoritarias, hacen presagiar que el problema del paro se va a enquistar en la sociedad española, y que cuando otro gobierno empuñe las riendas del país, el conflicto laboral-sindical estará servido. Pero claro, ello ya no será problema de Zapatero.

Éste no será su problema entonces, cierto. Pero si será él la causa directa de la mayor dificultad social en resolver esta lacra del desempleo, por mimar a los agentes más inmovilistas que existen, que no son otros que los sindicatos. Tan inmovilistas cuanto subvencionados. Tan mimados cuanto inútiles para defender de verdad a los trabajadores.

Menuda simbiosis. La parálisis sindical, con la inoperancia de Zapatero. Como para echarse a temblar.